La SDHJGD y el ACNUR firman acuerdo para fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno frente al desplazamiento forzado por la violencia en Honduras

La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), firmaron una Carta Local de Entedimiento con la que se formaliza un acuerdo de apoyo mutuo y coordinación conjunta en los proximos dos años para la promoción de marcos nacionales y políticas de prevención del desplazamiento forzado y de protección de personas desplazadas por la violencia o en riesgo de serlo y el fortalecimiento de mecanismos nacionales de protección existentes. Esta Carta se enmarca en el Acuerdo de País firmado entre el Gobierno de Honduras y el ACNUR en Agosto de 2016.

El documento fue firmado por el Titular de Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Héctor Leonel Ayala y Andrés Celis, Jefe de la Oficina Nacional del ACNUR en Honduras, ante la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Norma Cerrato e invitados especiales.

En su mensaje el Titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, manifestó que el Gobierno de Honduras tiene la anuencia de acoger las recomendaciones de socios internacionales como el ACNUR. Pero de manera más puntual, aquellas plasmadas en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, tras su visita a Honduras en 2015.

Dijo que la Carta de Entendimiento permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, mediante la Comisión Interninstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia. También la construcción de políticas, marcos legales e institucionales que orienten la acción a nivel central y local.

El funcionario agregó que por primera vez, la Comisión abrirá espacios de discusión con la población desplazada lo que garantizará que los instrumentos formulados y las medidas adoptadas respondan a sus necesidades de protección.

Por su parte, la Subsecretaria Cerrato destacó los avances del Gobierno de Honduras con el apoyo de ACNUR, dijo que  “contamos con la información sobre perfiles de las personas desplazadas, hemos logrado una conceptualización del desplazamiento forzado a causa de la violencia lo que ha aportado al proceso de construcción del marco legal y a la definición del delito para su inclusión en el nuevo Código Penal”.

De igual manera, el jefe de la Oficina Nacional del ACNUR, Andrés Celis reiteró su respaldo al trabajo que realiza el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en vista que se ha dado una respuesta integral y coherente.

En virtud de lo anterior, refirió que “este acuerdo reitera la alianza que desde el nacimiento de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV)  ha existido entre esta Secretaría y el ACNUR en Honduras. La relación entre las dos instituciones se ha ido robusteciendo en la medida en que nuevos retos han ido apareciendo: la construcción del marco institucional ha requerido un esfuerzo de cuantificación de las necesidades de atención de la población desplazada; la implementación de una política sólida, ha exigido la participación de un número cada vez más amplio de instituciones del Estado, la operativización de la política demanda el fortalecimiento de la relación con los municipios” aseguró Andrés Celis Jefe de la Oficina Nacional del ACNUR en Honduras.

También mencionó que “todos estos desafíos ha sido positivamente asumidos por la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y se encuentran inmersos en este acuerdo con el que el ACNUR respalda el esfuerzo institucional, reitera su compromiso hacia la población internamente desplazada y resalta la importancia de consolidar un marco institucional lo suficientemente sólido que permita alcanzar una respuesta sea ajustada al contexto del país y adecuada a las necesidades protección y asistencia de la población desplazada”.

A través de la firma de esta Carta el ACNUR y la SDHJGD formalizan su cooperación en el fortalecimiento de la capacidad operativa y técnica de la Comisión como ente articulador entre las instituciones gubernamentales y de sociedad civil en el diseño de una respuesta integral al desplazamiento forzado por violencia; el apoyo a la Comisión Jurídica Nacional en la construcción de marcos legales e institucionales y políticas para la respuesta al desplazamiento que incluye el seguimiento a procesos iniciados en 2016 para la cuantificación de los costos básicos de la respuesta y el diseño de protocolos y rutas para brindar asistencia a las personas desplazadas y la actualización del estudio de Caracterización.

Esta Carta también incluye la asistencia técnica del ACNUR en el diseño del procedimiento de medidas de protección colectiva en el marco de la implementacion de la Ley de Protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia; así como el apoyo a la Subsecretaría de Gobernación y Descentralización en la implementación del documento de “Principios básicos para hacer efectiva una política sobre el desplazamiento forzado a nivel local” con el que se sentarán las bases de co-responsabilidad y coordinación con autoridades municipales.

Con el establecimiento de este canal de coordinación se propiciará la convergencia de los planes de trabajo de ambas instituciones, haciendo énfasis en los derechos de las personas desplazadas internas con necesidades de protección en Honduras.

El ACNUR ha brindado desde el 2013 asistencia técnica al Gobierno de Honduras a través de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV). Esta colaboración permitió el desarrollo y publicación de la Caracterización del Desplazamiento Forzado en Honduras en diciembre de 2015, a través de la cual fueron identificadas 174.000 personas desplazadas por violencia en 20 municipios urbanos del país.


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